Real Decreto 666/2023: Cuando la Burocracia Mata la Veterinaria

En este artículo, sí toca ponerse serios. Porque lo que está en juego no es solo el ejercicio de una profesión, sino la salud y el bienestar de los animales, de las personas y del entorno. Quienes creemos en el enfoque One Health —una sola salud— sabemos que cada decisión que tomamos en clínica tiene implicaciones mucho más amplias.

Desde hace años, quienes ejercemos la veterinaria en España hemos aprendido a convivir con normativas cambiantes, algunas útiles y otras claramente desconectadas de la realidad clínica. Sin embargo, pocas han generado tanta frustración, desconcierto y movilización como el Real Decreto 666/2023. Esta norma, que supuestamente busca mejorar la trazabilidad y reducir el uso de antibióticos, está teniendo un impacto directo —y muchas veces negativo— sobre la calidad asistencial que podemos ofrecer a nuestros pacientes.

Una norma que nace con buena intención, pero mal aplicada

No se puede negar que el objetivo oficial del Real Decreto 666/2023 es loable: luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, alinearse con el Reglamento (UE) 2019/6 y garantizar un control más exhaustivo de la prescripción veterinaria. El problema es cómo se ha interpretado y aplicado esta normativa en España, en comparación con el resto de Europa.

Mientras otros países han optado por una implementación progresiva y flexible, nuestro país ha adoptado una versión rigidísima y adelantada en plazos. Se han impuesto obligaciones que ni siquiera exige la Unión Europea hasta 2030, como el registro sistemático de prescripciones en una plataforma digital específica (PRESVET), y se ha prohibido casi por completo la dispensación directa de medicamentos en clínica. Todo ello sin valorar las particularidades del ejercicio clínico, ni consultar de forma real y efectiva con los profesionales que estamos cada día en contacto con los animales.

Desde el papel, puede parecer que estas medidas aportan orden, trazabilidad y control. Pero desde la práctica clínica, lo que hemos recibido es burocracia, inseguridad jurídica y una sensación permanente de vigilancia punitiva. El resultado es un clima en el que ejercer la veterinaria se ha vuelto más difícil, más costoso y, en no pocos casos, más peligroso para el propio paciente. Y es aquí donde empieza la verdadera crítica: no basta con tener buenas intenciones si la norma acaba perjudicando a los que pretende proteger.

Prohibido dispensar: el primer golpe a la práctica clínica

Una de las medidas más incomprensibles del Real Decreto 666/2023 es la prohibición casi total de que los veterinarios dispensemos medicamentos directamente en nuestras consultas. Solo se nos permite en casos muy concretos, excepcionales y mal definidos. Esta limitación no solo es injustificada desde el punto de vista técnico, sino que rompe con una práctica habitual que, hasta ahora, ha garantizado eficacia, rapidez y continuidad terapéutica en innumerables situaciones clínicas.

Quienes ejercemos en el día a día sabemos que la atención al animal no termina con el diagnóstico, sino con la entrega del tratamiento y el seguimiento del mismo. Separar artificialmente estos pasos —obligando al tutor a acudir a una farmacia externa para obtener el medicamento— introduce riesgos innecesarios: retrasos, errores en la dispensación, tratamientos incompletos o incluso abandono del tratamiento por dificultad de acceso.

Y lo que es peor, esta medida afecta especialmente a las zonas rurales, donde el veterinario es, muchas veces, el único profesional sanitario disponible en varios kilómetros a la redonda. ¿Qué ocurre cuando un paciente necesita un antibiótico urgente y la farmacia más cercana no tiene existencias? ¿Qué pasa si es festivo, si el animal está en estado crítico o si no se puede esperar ni una hora más? La respuesta, por desgracia, ya la tenemos: muertes evitables.

Además, desde un punto de vista práctico, esta medida encarece los tratamientos y desvincula al veterinario del seguimiento del medicamento, dejando al tutor del animal sin una figura de referencia clara en caso de duda o reacción adversa.

¿A quién beneficia realmente esta prohibición? Porque desde luego ni al paciente, ni al veterinario, ni al propietario del animal. Esta decisión no mejora la salud pública; lo que hace es dificultar el ejercicio clínico y poner trabas a quienes llevamos años luchando precisamente por ofrecer un servicio riguroso, ético y seguro.

PRESVET: cuando la burocracia interfiere en la salud animal

Si la prohibición de dispensar ya dificulta nuestro trabajo, la obligación de registrar cada prescripción de antibióticos en el sistema PRESVET ha terminado de colapsar la consulta veterinaria, especialmente en clínicas pequeñas, donde no hay personal administrativo para asumir esa carga.

PRESVET no es una herramienta pensada para el ejercicio clínico cotidiano: fue diseñada originalmente para el control de antibióticos en ganadería industrial, y sin embargo, se nos ha impuesto también a quienes trabajamos con animales de compañía, como si la realidad de un cerdo de engorde y un perro con otitis fuera comparable en términos de gestión sanitaria.

Desde enero de 2025, estamos obligados a registrar cada 15 días todas las prescripciones de antibióticos, incluso en tratamientos breves y comunes. El problema no es solo el tiempo que esto exige, sino los constantes fallos técnicos de la plataforma, las dificultades de acceso con certificados digitales, las limitaciones absurdas al introducir dosis o presentaciones, y la falta de formación o soporte real por parte de la administración.

En mi caso, más de una vez he tenido que repetir el mismo registro varias veces porque el sistema fallaba al enviarlo, o he tenido que explicar a un propietario que no podía recetar el antibiótico adecuado porque el sistema no lo contemplaba en ese formato o indicación exacta. ¿Tiene esto sentido desde el punto de vista clínico o ético? Claramente no. Estamos dejando que el software condicione el tratamiento de un ser vivo.

Y para colmo, España ya contaba con un sistema oficial de vigilancia, ESUAVET, aceptado por la Agencia Europea del Medicamento. Pero en lugar de mejorar ese sistema o integrarlo, se nos impone uno nuevo, paralelo, sin coordinación entre plataformas y sin estándares armonizados. PRESVET ni siquiera utiliza las unidades de medida estandarizadas por la EMA. ¿Dónde queda, entonces, la supuesta intención de alinearse con Europa?

Todo esto genera una sensación constante de vigilancia, miedo al error administrativo, y una carga mental que interfiere con lo que realmente importa: el juicio clínico y el bienestar animal. Y como veterinario, me niego a normalizar que la burocracia tenga más peso que el criterio profesional o la urgencia médica.

Prescripción escalonada obligatoria: rigidez que pone en riesgo

Otro de los puntos más controvertidos del Real Decreto 666/2023 es la obligación de seguir un protocolo escalonado para la prescripción de antibióticos, basado en la clasificación A, B, C y D. En teoría, esta categorización busca proteger la eficacia de los antibióticos más críticos, lo cual es comprensible. Pero el problema, de nuevo, es cómo se ha implementado en España: con una rigidez extrema que deja poco o ningún margen al criterio clínico del veterinario.

En la práctica, esto significa que debemos utilizar primero antibióticos de categoría D, considerados “de uso prudente”, y solo si fallan, justificar con cultivos microbiológicos el uso de otros más eficaces. ¿Y qué ocurre mientras se procesan esos cultivos? Que pueden pasar tres, cuatro o cinco días antes de poder iniciar el tratamiento adecuado. En muchas infecciones graves, eso es tiempo que el paciente no tiene.

He vivido esta situación en consulta más de una vez. Pacientes con infecciones complicadas, en estado crítico, en los que la experiencia clínica te indica claramente qué antibiótico usar, pero el protocolo obliga a empezar por otro que sabes que no será eficaz. Lo haces, porque te lo exige la ley, y luego esperas. Y a veces, cuando por fin llega el resultado del cultivo, ya es demasiado tarde. Lo que debería ser una decisión médica basada en conocimiento, se convierte en un trámite burocrático con consecuencias clínicas reales.

Este enfoque, lejos de proteger la salud pública, puede incluso favorecer resistencias, porque utilizar antibióticos inadecuados durante días permite a las bacterias adaptarse, sobrevivir y evolucionar. Así lo ha reconocido incluso la propia Agencia Europea del Medicamento: seguir a ciegas las fichas técnicas sin criterio clínico puede ser contraproducente.

Y lo más frustrante es que otros países europeos han aplicado esta misma normativa con sentido común. En Francia o Alemania, los veterinarios disponen de notas aclaratorias que permiten ajustar el tratamiento según la situación clínica del paciente. En cambio, en España, seguimos atrapados en un modelo de cumplimiento ciego, que trata al veterinario como si fuera una amenaza, no como un profesional sanitario cualificado.

Para quienes hemos dedicado años a formarnos y a proteger la salud animal con responsabilidad, esta desconfianza institucional es profundamente injusta. Nos exige justificar cada decisión como si fuéramos sospechosos por defecto, en lugar de confiar en nuestra preparación y nuestro compromiso ético. Y ese, para mí, es uno de los mayores agravios de esta normativa.

Multas desproporcionadas y una profesión que se moviliza

Como si todo lo anterior no fuese suficiente, el Real Decreto 666/2023 ha terminado de tensar la cuerda con un régimen sancionador desproporcionado, que convierte errores administrativos o decisiones clínicas justificadas en potenciales infracciones muy graves.

No se trata de exageraciones. El propio texto legal remite a otras normativas que permiten imponer multas de hasta 1.200.000 euros por irregularidades en la notificación de prescripciones a PRESVET. Y esto no es solo una amenaza teórica: ya se ha multado con 90.000 euros a un veterinario por administrar un antibiótico sin haber cumplido estrictamente con el protocolo burocrático, a pesar de que el tratamiento salvó la vida del animal.

Lo más grave es que estas sanciones no se aplican con el mismo rigor a otras profesiones sanitarias. Mientras un médico humano puede ejercer su criterio con un margen amplio y razonable, los veterinarios tenemos que justificarnos por cada decisión, incluso cuando está basada en evidencia científica o en la experiencia clínica acumulada. Nos están tratando como si fuésemos un riesgo para la salud pública, cuando en realidad somos parte esencial de su protección.

Frente a este panorama, la respuesta del colectivo veterinario ha sido clara y firme: movilización. En marzo y mayo de 2025, miles de profesionales salimos a las calles de toda España, desde Murcia hasta Madrid, para reclamar una normativa más equilibrada, más realista y, sobre todo, más respetuosa con nuestra profesión. Plataformas como VetsUnidos han recogido el apoyo de miles de ciudadanos que también han visto afectada la salud de sus animales por culpa de estas restricciones absurdas.

Y aunque el Gobierno ha acabado revisando a la baja las sanciones —pasando de muy graves a leves en muchos casos—, ese cambio llega tarde y mal. Porque más allá del importe de la multa, lo que queda es la sensación de que no se confía en nosotros, ni en nuestra ética, ni en nuestro conocimiento.

Como veterinario, me niego a aceptar que el cumplimiento formal esté por encima del cuidado real. Me niego a asumir que la salud de los animales dependa de si el sistema PRESVET está operativo o de si se ha rellenado un campo obligatorio. Lo que pedimos no es privilegio ni impunidad: pedimos poder ejercer con criterio, con rigor y con dignidad.